Interesante y, a mi juicio, acertada reflexión de Claudio Lozano, dirigente de la CTA, acerca de la actual coyuntura y los desafíos que atraviesa la Argentina.
Es indispensable percibir que el año 2007 objetiva un punto de inflexión en la coyuntura política del país que se expresa en tres dimensiones:
a) Puesta en cuestión (en algunos casos agotamiento) de las condiciones económicas que hicieron posible la fase de crecimiento 2002-2007.
b) Cambio en la subjetividad social.
c) Consolidación de un sistema político signado por una gobernabilidad conservadora.
En el plano económico puede decirse que todas las condiciones que hicieron posible la fase de recuperación del período 2002-07 están puestas en cuestión. La primera diferencia se expresa en las condiciones que exhibe la coyuntura internacional. Más allá del mantenimiento de precios elevados para los productos que la Argentina coloca en el mundo, la evidencia del proceso recesivo en los Estados Unidos pone sobre el escenario interrogantes importantes. No sólo aquellos relativos a la suba de los costos para el financiamiento de nuestra economía en un contexto donde se elevan los vencimientos por deuda pública, sino también aquellos que remiten a la duración que tendrá la recesión, a la extensión que ésta pueda tener sobre los países de Europa, a los efectos que producirá sobre el crecimiento económico de quienes le venden al Norte y nos compran a nosotros (Ej.: China, Brasil, etc.), o al carácter coyuntural o estructural de una crisis global, donde puede estar discutiéndose, incluso, un cambio de predominios en la economía global.
En suma, son demasiados elementos para pensar que con las reservas, el tipo de cambio flexible y el superávit fiscal pueda alcanzar. En coyunturas como estas, la densidad y diversidad productiva, el desarrollo tecnológico, y la capacidad de decisión soberana sobre el proceso de inversión adquieren especial importancia. Aspectos estos que no han estado en la agenda de los últimos años y que, nos encuentran hoy, en una matriz productiva que si bien ha crecido no se ha diversificado y con una cúpula empresaria donde el predominio trasnacional es absoluto. Es más, podría decirse que la aceptación pasiva de los precios que hasta hoy nos brinda la economía mundial (altos precios para los alimentos y las commodities así como bajos precios para la adquisición de maquinarias y equipos) tiende a consolidar la matriz primaria, extractiva y de baja densidad productiva que hoy caracteriza a nuestro país.
La segunda diferencia se expresa en la distribución del ingreso. Muchas veces no se percibe que una de las condiciones para el arranque de esta fase de crecimiento fue justamente la ampliación de la desigualdad. El impacto de la devaluación reduciendo en más de un 30% los costos laborales en un contexto de amplia disponibilidad de mano de obra (más de 20% de desempleo), fue clave junto a la licuación de deudas y la coyuntura de precios internacionales para recomponer los márgenes de beneficios de las principales empresas del país. Centralmente aquellas orientadas a la exportación y a la sustitución de importaciones y al abastecimiento de un mercado interno que fundado en la desigualdad de origen reconoce un papel dominante en el consumo de los sectores más acomodados. Está claro que el mayor dinamismo que el negocio inmobiliario, la construcción y las automotrices exhiben, no responde a la evolución de la masa salarial, sino a la expansión del consumo de los sectores de mayores ingresos. Así, la fase 2002-07 es una experiencia de crecimiento económico que en tanto se funda en una ampliación de la desigualdad vigente en la dolorosa Argentina del 2001, y donde la masa de beneficios creció más que la masa de salarios.
No obstante, la magnitud del crecimiento, la reducción de la desocupación a casi un 10%, la instrumentación de políticas de salario mínimo y convenio colectivo así como la mayor capacidad de discusión de los asalariados en el citado contexto, permitió que entre los años 2004 y 2006 se produjera una recomposición de los ingresos de los trabajadores centrado sobre todo en los trabajadores formales y en aquellos situados en las empresas de mayor productividad. Esta recuperación (que es tal respecto a los mínimos históricos de los años 2002 y 2003 pero que sigue aún debajo del 2001) ha puesto en cuestión las ganancias extraordinarias originales de las empresas y fundamenta las presiones inflacionarias del año 2007. En este sentido, la inflación actúa como mecanismo corrector y preservador de las ganancias extraordinarias del empresariado más concentrado. A la vez, en tanto amplía la desigualdad reduce los efectos positivos que en materia de ingresos produce el crecimiento económico. Así, el año 2007 exhibe crecimiento, caída del salario real, mantenimiento de la pobreza, aumento de la indigencia (hambre) por alza en el precio de los alimentos e interrupción en la mejora relativa que la distribución del ingreso venía observando desde el 2004.
La tercer diferencia en el plano económico remite a la situación de la estructura productiva. Se observan aquí limitaciones que son el resultado de años de desindustrialización y de un comportamiento de la inversión privada que pese a la envergadura que exhiben las tasas de ganancia y la masa de beneficios apropiados por el sector empresarial (claramente ubicados en sus máximos históricos), se ubica en términos relativos por debajo de experiencias recientes (Ej.: los noventa).
A este comportamiento hay que agregarle que la calidad de la inversión también revela limitaciones importantes. La proporción que ocupa la construcción y el material de transporte, transforma a la inversión en capital reproductivo en absolutamente exigua frente a la necesidad de sostener el crecimiento y diversificar la matriz productiva. Por cierto, lo expuesto adquiere relevancia ya que a diferencia del momento de arranque de esta fase de crecimiento (2002), donde había una amplia capacidad ociosa resultante de la situación recesiva alcanzada, hoy dicha capacidad disponible no existe y los cuellos de botella en materia productiva están a la orden del día. En consecuencia, en el marco de la Argentina desigual el consumo de los que más tienen se expande más rápido que la oferta provocando una mayor suba de las importaciones y presiones sobre los precios. Para ser precisos, en la Argentina concentrada y desigual que tenemos, la inflación es el resultado de que los ricos consumen mucho ( + demanda) e invierten poco y mal (restricción de oferta). Es más, la inflación es, ni más ni menos, que el obvio emergente del cambio de etapa en materia económica.
La cuarta diferencia remite a la infraestructura. En el 2002, la disponibilidad era la característica en materia de transporte, de energía y de comunicaciones, hoy, la recuperación de la economía ha puesto en evidencia los niveles de obsolescencia de la infraestructura y los límites en materia de inversión. Estos, que son resultado de la experiencia privatista de los noventa no se han resuelto a través de un modelo oficial que en lo sustantivo descarga los costos de inversión en el Sector Público o en la propia comunidad (Ej.: cargos específicos), al tiempo que mantiene, de manera dominante, el control privado sobre la gestión de la infraestructura.
En suma, nada es como era entonces. En este nuevo contexto, el empresariado más concentrado cierra filas en demanda de recuperar las ganancias extraordinarias que dieron origen a la presente etapa. Es más, pretenden -frente a presiones de costos ligadas a falta de insumos, límites en la capacidad productiva o infraestructura-, estabilizar la situación salarial afirmando casi que lo que este esquema puede dar en materia distributiva ha llegado, prácticamente, a su límite. Así las cosas, es esperable que la tasa de crecimiento se desacelere y que los rendimientos sociales que el período 2002-2006 exhibiera sean a partir de ahora mucho menores.
Lo expuesto abre a la consideración del segundo plano en el que se expresa el cambio de etapa: la modificación en la subjetividad social. Es obvio que la situación ya no es la que existía a la salida de la crisis. En aquel momento la obtención de un empleo pésimo y de bajos ingresos era un logro importantísimo para quienes venían del desempleo. Siendo más enfáticos, puede decirse que al finalizar la fase de caída permanente de la actividad económica que llega hasta el primer semestre del 2002, y comenzar el sendero de recuperación de la actividad, el crecimiento y la generación de empleo actúan como bálsamo de contención para la crisis social. Hoy, cuando la economía está en crecimiento hace cinco años y revela un PBI que está 36% arriba del 2001 y 25% por encima del año 1998, mientras el ingreso promedio de los ocupados apenas se encuentra en los niveles del 2001 y es un 12% inferior al de 1998, sumado a la existencia objetiva de casi 13 millones de pobres, se gestan condiciones que potencian la demanda social. Condiciones que no solo remiten a la situación objetiva de crecimiento desigual vivida hasta aquí, sino también a la prevalencia de núcleos discursivos que le han otorgado legalidad y legitimidad a la demanda social. Dicho de otro modo, en un contexto de crisis la subjetividad se moldea en torno a un anhelo básico "salir de ella". Hoy la exigencia es mayor. Tanto porque el"horror" de la crisis quedó atrás como por el hecho de que el discurso dominante e incluso oficial no es el de los noventa. La gobernabilidad vigente se reconstruyó legitimando la demanda popular.
En el plano político institucional también se observan cambios importantes.
Más allá de lo discursivo, el año 2008 es pletórico en evidencias acerca de la consolidación de una gobernabilidad conservadora. Macri en la Ciudad, Scioli en la Provincia de Buenos Aires, el Delasotismo en Córdoba, Gioja en San Juan, son demostraciones objetivas de una cerrazón institucional que se expresa también en la reorganización del Justicialismo, en la decisión oficial de mantener en la ilegalidad a la CTA, en los cada vez más evidentes casos de represión sobre el intento de los trabajadores de organizarse (Ej.: IBM, Casino, Línea 60, INDEC) e incluso en el discurso presidencial que busca enfrentar los conflictos con la comunidad (Ej.: los docentes son responsables de la crisis y deterioro de la Educación Pública). Es más la experiencia reciente indica (más allá de la verborragia discursiva del oficialismo) que toda posibilidad de cambio u oxigenamiento institucional (Ej.: Binner en Santa Fe; Fabiana Ríos en Tierra del Fuego o Sabatella en Morón) fue confrontado por el oficialismo en un expreso compromiso con el mantenimiento de las prácticas políticas más tradicionales. Más aún, si alguien pretendiera explicar lo expuesto por la simple dialéctica electoral de oficialismo vs. oposición, sobran los casos al interior del propio oficialismo de la ilegalización de intentos de cambio institucional con mayor o menor suerte en el Conurbano Bonaerense. Los límites impuestos a quienes pretendían plantar una alternativa de renovación en La Matanza, y los triunfos de Gutiérrez en Quilmes o Díaz Pérez en Lanús que no gozaron de la bendición oficial, son palmaria demostración del compromiso Kirchnerista con la restauración de la gobernabilidad conservadora.
Cabe consignar por último que esta situación es acompañada por un cuadro en el cual las fuerzas políticas emergentes de la elección nacional del 2007 revelan niveles evidentes de fragilidad. Dicho de otro modo, están todas "atadas con alambre".
Si tomamos el "poderoso" Justicialismo, sería importante precisar que hace ya tiempo que las fidelidades y lealtades del "otrora glorioso movimiento" no se festejan ni defienden en la calle. Es esperable que la reorganización del PJ camine sin problemas en tanto se mantenga la legitimidad del Gobierno y en tanto este disponga de una frondosa billetera centralizada capaz de "atender" las necesidades provinciales. Tanto una cosa como la otra son las que se ponen en juego en el cambio de etapa que en las líneas anteriores hemos descripto. Es indudable que buena parte de la legitimación del gobierno y de las condiciones de Gobernabilidad construidas descansan en la comparación de los 5 años de crecimiento (2002-2007, que para los Kirchner son cuatro y lo libera del ajuste que políticamente pagó Duhalde) versus los cuatro de caída económica vertiginosa (1998-2002). La construcción del consenso Kirchnerista está sostenido en la recuperación de la economía rodeada de un discurso que por un lado abjura y cuestiona el neoliberalismo noventista, y por otro ostenta avances inconclusos en materia de Derechos Humanos (entendidos como juicio sobre el genocidio) . No está demás preguntarse que suerte podría tener este consenso frente al rallentamiento de la economía y al amesetamiento o deterioro de la situación social. En este sentido, cualquier quiebre del consenso o dificultad en materia de recursos, sacará a la luz pública lo que efectivamente es hoy el Partido Justicialista. Un conjunto de tribus cada una con un cacique e incluso con articulaciones económicas diversas, para los cuales siempre está primero su propia reproducción que la adscripción a proyecto alguno. La fragilidad expuesta se hace aún más expresa habida cuenta de las dificultades que el propio Justicialismo exhibe a la hora de obtener consenso en los centros urbanos importantes (excepción hecha claro está del conurbano bonaerense). Nos referimos a la Ciudad de Buenos Aires; Provincia de Santa Fe; Ciudad de Córdoba. Por cierto, la fragilidad del PJ exhibe una evidencia manifiesta en el marco del conflicto del sector agropecuario.
El análisis de la Unión Cívica Radical conlleva identificar niveles de fragilidad aún mayores. Está claro que el oficialismo radical no logró sobrevivir como esperaba con la candidatura de Roberto Lavagna y la situación de debilidad en la que quedó luego de Octubre, se agravó con la incorporación del propio ex Ministro en la reorganización del PJ. Por cierto, no fue mucho mejor la performance de los radicales K que lograron ser derrotados en sus distritos ( Ej.: Mendoza, Mar del Plata) y que han sido "ninguneados" en el dispositivo de poder oficial. En la práctica podría decirse que la única experiencia radical exitosa se dio por fuera del Partido con el caso de Margarita Stolbizer. Sin embargo, la situación de esta aparece atravesada por los interrogantes que presenta una Coalición Cívica que es el resultado del viraje expreso de Elisa Carrió desde la centroizquierda a la derecha del firmamento electoral. Viraje que ha implicado desgajamientos de distinto tenor y que mantiene incluso una conflictiva relación con el Socialismo de Hermes Binner (fuerza esta que la acompañó electoralmente pero que no integra la Coalición).
En suma, la gobernabilidad conservadora se asienta en un cuadro que combina una potencial conflictividad con una evidente fragilidad de las fuerzas surgidas de la contienda electoral, marco que es absolutamente proclive a la "votilidad del consenso" y a los realineamientos políticos. Realineamientos que tendrán un sentido u otro según que actor o actores exhiban mayor capacidad para intervenir en el conflicto social y que capacidad exista para vertebrar una experiencia política de nuevo tipo.
Desaceleración de la economía, menor derrame, mayor demanda y conflictividad social en el contexto de una gobernabilidad conservadora, reafirman la necesidad de construir una nueva experiencia política capaz de romper la trampa en la que nos encontramos. Aquella que nos dice que todo cuestionamiento al gobierno favorece a la derecha, pero que al observar con detenimiento la gestión gubernamental encontramos que la derecha entendida en términos de práctica política y asociación con los intereses económicos dominantes, está presente al interior del gobierno. Dicho de otro modo ¿de qué hablamos cuando hablamos de que hay algo a la derecha de los 13 millones de pobres, de la desigualdad vigente, del régimen minero o del régimen petrolero de la Argentina actual, de la legislación antiterrorista, la reorganización del PJ o de las limitaciones expresas al accionar organizado de los trabajadores?
Si hablamos de que todo puede ser peor, lo cual siempre es cierto, parece fácil entender que estamos en presencia de un conformismo inaceptable frente al deterioro que exhibe la Argentina.
Si queremos decir que el rumbo es el correcto, resulta difícil sostener esto en el marco de una gobernabilidad conservadora que asienta su propuesta económica en los elevados niveles de desigualdad vigente y una matriz productiva en la que se consume el saqueo de nuestros recursos naturales. Situación esta en la que los argentinos consumimos hoy nuestro propio futuro expresado en el cuadro de infantilización de la pobreza que mantenemos y en la dilapidación de las rentas formidables que en materia de recursos naturales caracterizan a nuestro país.
jueves, 29 de mayo de 2008
miércoles, 28 de mayo de 2008
CARTA ABIERTA DE RODOLFO WALSH A LA JUNTA MILITAR
(Escrita 24 horas antes de su asesinato)
La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años. El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el ochenta por ciento de los argentinos y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese “ser nacional” que ustedes invocan tan a menudo. Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina.
Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de siete mil recursos de hábeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los cincuenta o sesenta que lo hacían fueron a su turno secuestrados. De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda un ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. “El potro”, “el torno”, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con “la picana” y el “submarino”, “el soplete” de las actualizaciones contemporáneas. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido.
La negativa de esa Junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a diez en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fecha inmediata a las acciones guerrilleras. Setenta fusilados tras la bomba en Seguridad Federal, 55 en respuesta a la voladura del Departamento de Policía de La Plata, 30 por el atentado en el Ministerio de Defensa, 40 en la Masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte del coronel Castellanos, 19 tras la explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela forman parte de 1.200 ejecuciones en 300 supuestos combates donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no tuvieron muertos. Depositarios de una culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de justicia, incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son represaliados, muchos de esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas según la doctrina extranjera de “cuenta-cadáveres” que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam. El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales es asimismo una evidencia que surge de los comunicados militares que en un año atribuyeron a la guerrilla 600 muertos y sólo 10 ó 15 heridos, proporción desconocida en los más encarnizados conflictos. Esta impresión es confirmada por un muestreo periodístico de circulación clandestina que revela que entre el 18 de diciembre de 1976 y el 3 de febrero de 1977, en 40 acciones reales, las fuerzas legales tuvieron 23 muertos y 40 heridos, y la guerrilla 63 muertos. Más de cien procesados han sido igualmente abatidos en tentativas de fuga cuyo relato oficial tampoco está destinado a que alguien lo crea sino a prevenir a la guerrilla y a los partidos de que aún los presos reconocidos son la reserva estratégica de las represalias de que disponen los Comandantes de Cuerpo según la marcha de los combates, la conveniencia didáctica o el humor del momento. Así ha ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, antes del 24 de marzo con el asesinato de Marcos Osatinsky, detenido en Córdoba, después con la muerte de Hugo Vaca Narvaja y otros cincuenta prisioneros en variadas aplicaciones de la ley de fuga ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor. El asesinato de Dardo Cabo, detenido en abril de 1975, fusilado el 6 de enero de 1977 con otros siete prisioneros en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército que manda el general Suárez Mason, revela que estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las 3 Armas y aprueban como miembros de la Junta de Gobierno.
Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años, Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, “con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles” según su autopsia. Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en el Lago San Roque de Córdoba, acudió a la comisaría donde no le recibieron la denuncia y escribió a los diarios que no la publicaron. Treinta y cuatro cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976, ocho en San Telmo el 4 de julio, diez en el Río Luján el 9 de octubre, sirven de marco a las masacres del 20 de agosto que apilaron 30 muertos a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas de Zamora. En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3 A de López Rega, capaces dc atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea, sin que se enteren el general Videla, el almirante Massera o el brigadier Agosti. Las 3 A son hoy las 3 Armas, y la Junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre “violencias de distintos signos” ni el árbitro justo entre “dos terrorismos”, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte. La misma continuidad histórica liga el asesinato del general Carlos Prats, durante el anterior gobierno, con el secuestro y muerte del general Juan José Torres, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y decenas de asilados en quienes se ha querido asesinar la posibilidad de procesos democráticos en Chile, Bolivia y Uruguay. La segura participación en esos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, conducido por oficiales becados de la CIA a través de la AID, como los comisarios Juan Gattei y Antonio Gettor, sometidos ellos mismos a la autoridad de Mr. Gardener Hathaway, Station Chief de la CIA en Argentina, es semillero de futuras revelaciones como las que hoy sacuden a la comunidad internacional que no han de agotarse siquiera cuando se esclarezcan el papel de esa agencia y de altos jefes del Ejército, encabezados por el general Menéndez, en la creación de la Logia Libertadores de América, que reemplazó a las 3 A hasta que su papel global fue asumido por esa Junta en nombre de las 3 Armas. Este cuadro de exterminio no excluye siquiera el arreglo personal de cuentas como el asesinato del capitán Horacio Gándara, quien desde hace una década investigaba los negociados de altos jefes de la Marina, o del periodista de “Prensa Libre” Horacio Novillo apuñalado y calcinado, después que ese diario denunció las conexiones del ministro Martínez de Hoz con monopolios internacionales. A la luz de estos episodios cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes: “La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del bien y del mal”.
Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron. Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la “racionalización”. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de diez millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas, millares de cuadras convertidas en un solo bache porque ustedes sólo pavimentan los barrios militares y adornan la Plaza de Mayo , el río más grande del mundo contaminado en todas sus playas porque los socios del ministro Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos industriales, y la única medida de gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la gente que se bañe. Tampoco en las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar “el país”, han sido ustedes más afortunados. Un descenso del producto bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza a 600 dólares por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda inepcia. Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la pura anemia, una sola crece y se vuelve autónoma. Mil ochocientos millones de dólares que equivalen a la mitad de las exportaciones argentinas presupuestados para Seguridad y Defensa en 1977, cuatro mil nuevas plazas de agentes en la Policía Federal, doce mil en la provincia de Buenos Aires con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela, mientras en secreto se elevan los propios sueldos militares a partir de febrero en un 120%, prueban que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte, único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar.
Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: “Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos”. El espectáculo de una Bolsa de Comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el cien y el doscientos por ciento, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el “festín de los corruptos”. Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera, indemnizando a la ITT y a la Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado, devolviendo las bocas de expendio se aumentan las ganancias de la Shell y la Esso, rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales, dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la ideologia que amenaza al ser nacional.
Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados no pretendiera que esa Junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Massera ama la vida, aún cabría pedir a los señores Comandantes en Jefe de las 3 Armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aún si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de veinte años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas.
Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.
Rodolfo Walsh. - C.I. 2845022 Buenos Aires, 24 de marzo de 1977.
La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años. El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el ochenta por ciento de los argentinos y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese “ser nacional” que ustedes invocan tan a menudo. Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina.
Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de siete mil recursos de hábeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los cincuenta o sesenta que lo hacían fueron a su turno secuestrados. De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda un ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. “El potro”, “el torno”, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con “la picana” y el “submarino”, “el soplete” de las actualizaciones contemporáneas. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido.
La negativa de esa Junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a diez en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fecha inmediata a las acciones guerrilleras. Setenta fusilados tras la bomba en Seguridad Federal, 55 en respuesta a la voladura del Departamento de Policía de La Plata, 30 por el atentado en el Ministerio de Defensa, 40 en la Masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte del coronel Castellanos, 19 tras la explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela forman parte de 1.200 ejecuciones en 300 supuestos combates donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no tuvieron muertos. Depositarios de una culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de justicia, incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son represaliados, muchos de esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas según la doctrina extranjera de “cuenta-cadáveres” que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam. El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales es asimismo una evidencia que surge de los comunicados militares que en un año atribuyeron a la guerrilla 600 muertos y sólo 10 ó 15 heridos, proporción desconocida en los más encarnizados conflictos. Esta impresión es confirmada por un muestreo periodístico de circulación clandestina que revela que entre el 18 de diciembre de 1976 y el 3 de febrero de 1977, en 40 acciones reales, las fuerzas legales tuvieron 23 muertos y 40 heridos, y la guerrilla 63 muertos. Más de cien procesados han sido igualmente abatidos en tentativas de fuga cuyo relato oficial tampoco está destinado a que alguien lo crea sino a prevenir a la guerrilla y a los partidos de que aún los presos reconocidos son la reserva estratégica de las represalias de que disponen los Comandantes de Cuerpo según la marcha de los combates, la conveniencia didáctica o el humor del momento. Así ha ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, antes del 24 de marzo con el asesinato de Marcos Osatinsky, detenido en Córdoba, después con la muerte de Hugo Vaca Narvaja y otros cincuenta prisioneros en variadas aplicaciones de la ley de fuga ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor. El asesinato de Dardo Cabo, detenido en abril de 1975, fusilado el 6 de enero de 1977 con otros siete prisioneros en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército que manda el general Suárez Mason, revela que estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las 3 Armas y aprueban como miembros de la Junta de Gobierno.
Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años, Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, “con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles” según su autopsia. Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en el Lago San Roque de Córdoba, acudió a la comisaría donde no le recibieron la denuncia y escribió a los diarios que no la publicaron. Treinta y cuatro cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976, ocho en San Telmo el 4 de julio, diez en el Río Luján el 9 de octubre, sirven de marco a las masacres del 20 de agosto que apilaron 30 muertos a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas de Zamora. En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3 A de López Rega, capaces dc atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea, sin que se enteren el general Videla, el almirante Massera o el brigadier Agosti. Las 3 A son hoy las 3 Armas, y la Junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre “violencias de distintos signos” ni el árbitro justo entre “dos terrorismos”, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte. La misma continuidad histórica liga el asesinato del general Carlos Prats, durante el anterior gobierno, con el secuestro y muerte del general Juan José Torres, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y decenas de asilados en quienes se ha querido asesinar la posibilidad de procesos democráticos en Chile, Bolivia y Uruguay. La segura participación en esos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, conducido por oficiales becados de la CIA a través de la AID, como los comisarios Juan Gattei y Antonio Gettor, sometidos ellos mismos a la autoridad de Mr. Gardener Hathaway, Station Chief de la CIA en Argentina, es semillero de futuras revelaciones como las que hoy sacuden a la comunidad internacional que no han de agotarse siquiera cuando se esclarezcan el papel de esa agencia y de altos jefes del Ejército, encabezados por el general Menéndez, en la creación de la Logia Libertadores de América, que reemplazó a las 3 A hasta que su papel global fue asumido por esa Junta en nombre de las 3 Armas. Este cuadro de exterminio no excluye siquiera el arreglo personal de cuentas como el asesinato del capitán Horacio Gándara, quien desde hace una década investigaba los negociados de altos jefes de la Marina, o del periodista de “Prensa Libre” Horacio Novillo apuñalado y calcinado, después que ese diario denunció las conexiones del ministro Martínez de Hoz con monopolios internacionales. A la luz de estos episodios cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes: “La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del bien y del mal”.
Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron. Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos o la “racionalización”. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de diez millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua porque las industrias monopólicas saquean las napas subterráneas, millares de cuadras convertidas en un solo bache porque ustedes sólo pavimentan los barrios militares y adornan la Plaza de Mayo , el río más grande del mundo contaminado en todas sus playas porque los socios del ministro Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos industriales, y la única medida de gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la gente que se bañe. Tampoco en las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar “el país”, han sido ustedes más afortunados. Un descenso del producto bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza a 600 dólares por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda inepcia. Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la pura anemia, una sola crece y se vuelve autónoma. Mil ochocientos millones de dólares que equivalen a la mitad de las exportaciones argentinas presupuestados para Seguridad y Defensa en 1977, cuatro mil nuevas plazas de agentes en la Policía Federal, doce mil en la provincia de Buenos Aires con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un director de escuela, mientras en secreto se elevan los propios sueldos militares a partir de febrero en un 120%, prueban que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte, único campo de la actividad argentina donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar.
Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: “Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos”. El espectáculo de una Bolsa de Comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el cien y el doscientos por ciento, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el “festín de los corruptos”. Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera, indemnizando a la ITT y a la Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado, devolviendo las bocas de expendio se aumentan las ganancias de la Shell y la Esso, rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales, dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la ideologia que amenaza al ser nacional.
Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados no pretendiera que esa Junta procura la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Massera ama la vida, aún cabría pedir a los señores Comandantes en Jefe de las 3 Armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aún si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de veinte años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas.
Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.
Rodolfo Walsh. - C.I. 2845022 Buenos Aires, 24 de marzo de 1977.
jueves, 8 de mayo de 2008
La "democracia de los negocios" hace como que tiene vergüenza...
... de lo que es su funcionamiento "normal". Me pregunto: ¿ya que la UE está tan preocupada con la transparencia, será que va a publicar las comisiones que se llevan los eurodiputados por impulsar -democráticamente, claro- las iniciativas que les sugieran las multinacionales? Además, ya que Alexander Stubb -el político conservador finlandés y ponente del proyecto- "tiene una visión muy positiva de los lobbies", me gustaría preguntarle: ¿cómo se puede hacer para formar un lobbie?
Digo, para pasarle el dato a algunos colectivos, como ser: los iraquíes, los afganos, los palestinos, los que en el maravilloso occidente tienen empleos precarios, a las mujeres, a los sin techo, a los países del tercer mundo depredados por las multinacionales primermundistas, a los menos - de - mileuristas que no consiguen vivir con lo que ganan, a los miles de niños violados por los curas católicos norteamericanos, etc., etc. Sería fenómeno que todos los violentados, oprimidos y marginados pudieran tener su lobby en Bruselas, ¿no?
Que se sepa quién mueve los hilos
La UE pone coto a los 'lobbies' con un registro y más transparencia - ANDREU MISSÉ 06/05/2008 - El País
Los lobbies son y serán parte del paisaje del poder de Bruselas. Pero su actuación deberá estar sometida a luz y taquígrafos si triunfa la propuesta que el Parlamento Europeo vota esta semana. "Creo que la democracia está seriamente amenazada por la acción de los lobbies. Muchas de las normas que aprobamos en el Parlamento Europeo han sido precocinadas o redactadas previamente en un despacho de abogados por encargo de alguna gran empresa o grupo de presión". Con esta crudeza expone la realidad del proceso legislativo David Hammerstein, eurodiputado español del Grupo de Los Verdes, especialmente preocupado por la poderosa influencia de los grupos de intereses. Nacido en Los Ángeles, y sociólogo de profesión, advierte: "No estoy en contra de los lobbies o de los profesionales que defienden determinados intereses". "Pero lo que queremos", precisa "es transparencia y que la opinión pública conozca el papel de los lobbies y cómo actúan en todas las instituciones de la Unión".
En Bruselas operan unos 15.000 'lobbistas' y 2.500 organizaciones. Se podrán aplicar sanciones a quienes violen el código de conducta? Es una profesión honorable que no tiene nada que ocultar? El listado de grupos de presión estará listo en mes y medio. Con el propósito de lograr esta anhelada transparencia en la producción de directivas y reglamentos, la Eurocámara debatirá y aprobará esta semana en su sesión plenaria un informe decisivo para establecer el marco de actuación de los lobbystas en todas las instituciones comunitarias. El 8 de mayo llegará la hora de la verdad para medir la fuerza real de los elegidos democráticamente.
La transparencia se ha convertido en la pócima mágica para curar todas las deficiencias del actual proceso legislativo. Un proceso en el que, junto a los 785 eurodiputados, participan con trepidante intensidad y recursos ilimitados unos 3.000 lobbystas permanentes y otros 2.000 temporales que, con su acreditación oficial correspondiente, deambulan, aconsejan, sugieren y presionan por los pasillos, despachos, salas de reuniones y debates del Parlamento Europeo.
El combate entre legisladores y los grupos de intereses es aún más desigual si se tiene en cuenta que en Bruselas operan unos 15.000 lobbystas y 2.500 organizaciones, según el propio informe parlamentario. Daniel Guéguen, reconocido especialista en asuntos públicos europeos y autor de European Lobbying, eleva a 100.000 el número de lobbystas que con frecuencia trabajan a tiempo parcial. En su opinión, se trata de una cifra no exagerada, ya que sólo corresponden 4.000 por cada Estado miembro. Las batallas más duras de las multinacionales para defender su territorio se libran en los parlamentos y la mayoría pasan inadvertidas. En su libro Les lobbies à l'assaut de l'Europe, Bernard Lecherbonnier señala el peso dominante de los lobbies en la presentación de iniciativas legales. Así, cita un trabajo de Christian Lequesne que sostiene que, en 1996, sólo el 3% de las 507 propuestas legislativas de la Comisión correspondían a iniciativas espontáneas de sus servicios.Uno de los objetivos que puede resultar más útil del informe es la recomendación de incluir la llamada "huella legislativa", para conocer las personas que han intervenido en el proceso legislativo.
"El ponente", señala el documento, "puede, si lo considera adecuado (con carácter voluntario), emplear la huella legislativa; por ejemplo, incluir una lista (adjunta a los informes del Parlamento) de los representantes de intereses que fueron consultados y tuvieron una significativa aportación durante la preparación del informe". Y considera "especialmente aconsejable que tal lista sea incluida en los informes legislativos". Añade que "aún es más importante que la Comisión adjunte esta huella legislativa en sus iniciativas legislativas".El informe apoya también la propuesta de la Comisión de crear "un servicio único de registro" de lobbystas para la Comisión, el Parlamento y el Consejo, y demás instituciones comunitarias. Este registro "incluiría una completa revelación de los recursos financieros empleados por los lobbies, un mecanismo común de expulsión del registro y un código de conducta". Esta regulación colocaría a la UE como una de las instituciones más avanzadas en la regulación de los grupos de intereses. Actualmente, además del Parlamento Europeo, sólo el Congreso de Estados Unidos, Canadá y Alemania tienen regulaciones sobre los representantes de intereses.
Alexander Stubb, diputado conservador finlandés, ponente inicial del informe, tiene "una visión muy positiva de los lobbies". Stubb, que tuvo que dejar recientemente su escaño en el Parlamento Europeo para hacerse cargo de la cartera de Asuntos Exteriores de su país, considera que "es importante que la gente, las compañías y las organizaciones presionen, pero estima más importante aún que cada diputado saque sus propias conclusiones".
En una conversación con EL PAÍS antes de dejar el Parlamento, Stubb justifica la elevada concentración de lobbystas en la capital belga "porque hay mucho poder en Bruselas". "Los lobbies han comprendido", dice, "que la mayor parte de la legislación, especialmente en cuestiones de medio ambiente y economía, se hace en Bruselas". "Si tú eres una compañía como Telefónica", añade, "y no tienes un lobbysta en Bruselas, no estás haciendo correctamente tu trabajo como buen empresario".
La realidad es que todas las grandes compañías, especialmente en el sector químico, las telecomunicaciones o el influyente grupo agrícola, elaboran una redacción muy detallada y muy bien documentada de las directivas que van a salir y que luego hacen llegar oportunamente a sus grupos políticos más afines. Hoy día no hay ningún sector económico, incluido el de los medios de comunicación, que no dé a conocer sus intereses a los diputados para que sean tenidos en cuenta en Bruselas. El Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento asegura que "el 75% de las medidas de política económica y social que afectan a los ciudadanos europeos se preparan en Bruselas".
Pero para Stubb lo importante es que se conozcan las actividades de los lobbies, y que "exista total transparencia sobre su actuación". Y, en relación con la "huella legislativa", predica con el ejemplo. Al final de su informe ha incluido la lista de las 15 organizaciones, instituciones o empresas que han sido consultadas, entre las que figuran nada menos que Business Europe (la patronal europea); el Consejo Europeo de la Industria Química, el Consejo de Abogados y Sociedades Legales de Europa, UK LawSociety; las cámaras de Comercio Americana y de Francia; Toyota Motor Europe, Exxon Mobile, ALTER-EU (Alianza para la Transparencia y Regulación Ética y la Comisión Europea).
No deja de sorprender la participación de dos gigantes de la automoción y del petróleo en la regulación de una normativa que no afecta directamente a sus intereses. "¿Qué ocurrirá cuando se trata de regular una actividad concreta como puede ser la producción química o las emisiones de CO2?". Carlos Carnero, eurodiputado socialista y ponente en la sombra del informe, recuerda que cuando se celebraron las sesiones abiertas de la Comisión de Asuntos Constitucionales, "la sala estaba abarrotada de lobbystas". Su intensa participación en las instituciones parlamentarias fue puesta de relieve la semana pasada por el portavoz de la Comisión Europea Mark Gray al comentar la nueva regulación para el acceso a los documentos públicos de la Unión Europea. El año pasado, la Comisión registró más de 4.000 solicitudes. "Se trata, sobre todo", precisó Gray, "de facilitar el acceso de los documentos a todos los ciudadanos, y no de que sólo vengan los lobbystas". Carnero concede especial relevancia a la enmienda incluida en el informe que "subraya que se podrán aplicar sanciones a los lobbystas que violen el código de conducta". Para ello deberá disponerse "de recursos suficientes (personal y financiación) con el objetivo de verificar la información del registro". Las sanciones pueden incluir la expulsión del registro y la posibilidad.
"Todos los actores representantes tanto de los intereses públicos como privados fuera de las instituciones de la UE entran dentro de la definición de lobbystas", según el informe, y son tratados de "la misma manera". La lista incluye a "los lobbystas profesionales, compañías de lobby; ONG, think tanks, asociaciones de comerciantes, sindicatos, patronales, asociaciones con afán de lucro y sin afán de lucro, y abogados que no actúan en la defensa de un caso legal concreto". Un aspecto que seguramente será polémico en el plenario. Carnero señala "la necesidad de distinguir entre los profesionales que defienden intereses privados de las organizaciones como sindicatos y ONG que persiguen la defensa de intereses generales". Siim Kallas, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Administrativos, Auditoría y Antifraude, celebra que el informe del Parlamento haya recogido su iniciativa de un registro común de los lobbystas para todas las instituciones comunitarias. En su reciente intervención en la American European Community Association definió esta actividad como "una profesión honorable que no tiene nada que ocultar". Y manifestó su satisfacción por el hecho de que los diputados habían recogido sus propuestas sobre la definición de las actividades de los lobbies, el código de conducta, sanciones y revelación de los recursos financieros.
A diferencia del sistema más exhaustivo de Estados Unidos, Kallas considera que es suficiente el registro de las empresas y los intereses representados, sin que sea necesario incluir los nombres individuales. Un aspecto que había despertado notables expectativas, ya que el registro de nombres hubiera permitido determinar posibles conflictos de intereses. El comisario fue rotundo al señalar que para asegurar la independencia e imparcialidad de los funcionarios existen normas obligatorias mucho más claras. "He decidido", precisó, "paralizar la actual posibilidad de aceptar como personal de la Comisión a expertos de compañías privadas. Mi convicción es que cuando la Comisión precisa tales expertos, debe pagarlos". Una advertencia que muchos daban por supuesta. Kallas, que desde 2005 promueve la Iniciativa Europea por la Transparencia, aseguró que la propuesta de la Comisión de presentar un registro de representantes de intereses y código de conducta durante la primavera de 2008 se cumplirá. "Lo haremos antes de que la primavera se convierta en verano", indicó. Le queda un mes y medio.Sobre la obligación de revelación de los recursos financieros, el Comité de Control Presupuestario estima que las firmas legales y lobbies que actúan en las instituciones comunitarias deben declarar "la facturación vinculada a la actividad de lobby, así como el peso relativo de sus clientes y su volumen de negocio". Para las ONG y think tanks, el conjunto de su presupuesto y análisis de sus principales fuentes de financiación (subvenciones públicas, donaciones y cuotas de sus miembros).
Digo, para pasarle el dato a algunos colectivos, como ser: los iraquíes, los afganos, los palestinos, los que en el maravilloso occidente tienen empleos precarios, a las mujeres, a los sin techo, a los países del tercer mundo depredados por las multinacionales primermundistas, a los menos - de - mileuristas que no consiguen vivir con lo que ganan, a los miles de niños violados por los curas católicos norteamericanos, etc., etc. Sería fenómeno que todos los violentados, oprimidos y marginados pudieran tener su lobby en Bruselas, ¿no?
Que se sepa quién mueve los hilos
La UE pone coto a los 'lobbies' con un registro y más transparencia - ANDREU MISSÉ 06/05/2008 - El País
Los lobbies son y serán parte del paisaje del poder de Bruselas. Pero su actuación deberá estar sometida a luz y taquígrafos si triunfa la propuesta que el Parlamento Europeo vota esta semana. "Creo que la democracia está seriamente amenazada por la acción de los lobbies. Muchas de las normas que aprobamos en el Parlamento Europeo han sido precocinadas o redactadas previamente en un despacho de abogados por encargo de alguna gran empresa o grupo de presión". Con esta crudeza expone la realidad del proceso legislativo David Hammerstein, eurodiputado español del Grupo de Los Verdes, especialmente preocupado por la poderosa influencia de los grupos de intereses. Nacido en Los Ángeles, y sociólogo de profesión, advierte: "No estoy en contra de los lobbies o de los profesionales que defienden determinados intereses". "Pero lo que queremos", precisa "es transparencia y que la opinión pública conozca el papel de los lobbies y cómo actúan en todas las instituciones de la Unión".
En Bruselas operan unos 15.000 'lobbistas' y 2.500 organizaciones. Se podrán aplicar sanciones a quienes violen el código de conducta? Es una profesión honorable que no tiene nada que ocultar? El listado de grupos de presión estará listo en mes y medio. Con el propósito de lograr esta anhelada transparencia en la producción de directivas y reglamentos, la Eurocámara debatirá y aprobará esta semana en su sesión plenaria un informe decisivo para establecer el marco de actuación de los lobbystas en todas las instituciones comunitarias. El 8 de mayo llegará la hora de la verdad para medir la fuerza real de los elegidos democráticamente.
La transparencia se ha convertido en la pócima mágica para curar todas las deficiencias del actual proceso legislativo. Un proceso en el que, junto a los 785 eurodiputados, participan con trepidante intensidad y recursos ilimitados unos 3.000 lobbystas permanentes y otros 2.000 temporales que, con su acreditación oficial correspondiente, deambulan, aconsejan, sugieren y presionan por los pasillos, despachos, salas de reuniones y debates del Parlamento Europeo.
El combate entre legisladores y los grupos de intereses es aún más desigual si se tiene en cuenta que en Bruselas operan unos 15.000 lobbystas y 2.500 organizaciones, según el propio informe parlamentario. Daniel Guéguen, reconocido especialista en asuntos públicos europeos y autor de European Lobbying, eleva a 100.000 el número de lobbystas que con frecuencia trabajan a tiempo parcial. En su opinión, se trata de una cifra no exagerada, ya que sólo corresponden 4.000 por cada Estado miembro. Las batallas más duras de las multinacionales para defender su territorio se libran en los parlamentos y la mayoría pasan inadvertidas. En su libro Les lobbies à l'assaut de l'Europe, Bernard Lecherbonnier señala el peso dominante de los lobbies en la presentación de iniciativas legales. Así, cita un trabajo de Christian Lequesne que sostiene que, en 1996, sólo el 3% de las 507 propuestas legislativas de la Comisión correspondían a iniciativas espontáneas de sus servicios.Uno de los objetivos que puede resultar más útil del informe es la recomendación de incluir la llamada "huella legislativa", para conocer las personas que han intervenido en el proceso legislativo.
"El ponente", señala el documento, "puede, si lo considera adecuado (con carácter voluntario), emplear la huella legislativa; por ejemplo, incluir una lista (adjunta a los informes del Parlamento) de los representantes de intereses que fueron consultados y tuvieron una significativa aportación durante la preparación del informe". Y considera "especialmente aconsejable que tal lista sea incluida en los informes legislativos". Añade que "aún es más importante que la Comisión adjunte esta huella legislativa en sus iniciativas legislativas".El informe apoya también la propuesta de la Comisión de crear "un servicio único de registro" de lobbystas para la Comisión, el Parlamento y el Consejo, y demás instituciones comunitarias. Este registro "incluiría una completa revelación de los recursos financieros empleados por los lobbies, un mecanismo común de expulsión del registro y un código de conducta". Esta regulación colocaría a la UE como una de las instituciones más avanzadas en la regulación de los grupos de intereses. Actualmente, además del Parlamento Europeo, sólo el Congreso de Estados Unidos, Canadá y Alemania tienen regulaciones sobre los representantes de intereses.
Alexander Stubb, diputado conservador finlandés, ponente inicial del informe, tiene "una visión muy positiva de los lobbies". Stubb, que tuvo que dejar recientemente su escaño en el Parlamento Europeo para hacerse cargo de la cartera de Asuntos Exteriores de su país, considera que "es importante que la gente, las compañías y las organizaciones presionen, pero estima más importante aún que cada diputado saque sus propias conclusiones".
En una conversación con EL PAÍS antes de dejar el Parlamento, Stubb justifica la elevada concentración de lobbystas en la capital belga "porque hay mucho poder en Bruselas". "Los lobbies han comprendido", dice, "que la mayor parte de la legislación, especialmente en cuestiones de medio ambiente y economía, se hace en Bruselas". "Si tú eres una compañía como Telefónica", añade, "y no tienes un lobbysta en Bruselas, no estás haciendo correctamente tu trabajo como buen empresario".
La realidad es que todas las grandes compañías, especialmente en el sector químico, las telecomunicaciones o el influyente grupo agrícola, elaboran una redacción muy detallada y muy bien documentada de las directivas que van a salir y que luego hacen llegar oportunamente a sus grupos políticos más afines. Hoy día no hay ningún sector económico, incluido el de los medios de comunicación, que no dé a conocer sus intereses a los diputados para que sean tenidos en cuenta en Bruselas. El Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento asegura que "el 75% de las medidas de política económica y social que afectan a los ciudadanos europeos se preparan en Bruselas".
Pero para Stubb lo importante es que se conozcan las actividades de los lobbies, y que "exista total transparencia sobre su actuación". Y, en relación con la "huella legislativa", predica con el ejemplo. Al final de su informe ha incluido la lista de las 15 organizaciones, instituciones o empresas que han sido consultadas, entre las que figuran nada menos que Business Europe (la patronal europea); el Consejo Europeo de la Industria Química, el Consejo de Abogados y Sociedades Legales de Europa, UK LawSociety; las cámaras de Comercio Americana y de Francia; Toyota Motor Europe, Exxon Mobile, ALTER-EU (Alianza para la Transparencia y Regulación Ética y la Comisión Europea).
No deja de sorprender la participación de dos gigantes de la automoción y del petróleo en la regulación de una normativa que no afecta directamente a sus intereses. "¿Qué ocurrirá cuando se trata de regular una actividad concreta como puede ser la producción química o las emisiones de CO2?". Carlos Carnero, eurodiputado socialista y ponente en la sombra del informe, recuerda que cuando se celebraron las sesiones abiertas de la Comisión de Asuntos Constitucionales, "la sala estaba abarrotada de lobbystas". Su intensa participación en las instituciones parlamentarias fue puesta de relieve la semana pasada por el portavoz de la Comisión Europea Mark Gray al comentar la nueva regulación para el acceso a los documentos públicos de la Unión Europea. El año pasado, la Comisión registró más de 4.000 solicitudes. "Se trata, sobre todo", precisó Gray, "de facilitar el acceso de los documentos a todos los ciudadanos, y no de que sólo vengan los lobbystas". Carnero concede especial relevancia a la enmienda incluida en el informe que "subraya que se podrán aplicar sanciones a los lobbystas que violen el código de conducta". Para ello deberá disponerse "de recursos suficientes (personal y financiación) con el objetivo de verificar la información del registro". Las sanciones pueden incluir la expulsión del registro y la posibilidad.
"Todos los actores representantes tanto de los intereses públicos como privados fuera de las instituciones de la UE entran dentro de la definición de lobbystas", según el informe, y son tratados de "la misma manera". La lista incluye a "los lobbystas profesionales, compañías de lobby; ONG, think tanks, asociaciones de comerciantes, sindicatos, patronales, asociaciones con afán de lucro y sin afán de lucro, y abogados que no actúan en la defensa de un caso legal concreto". Un aspecto que seguramente será polémico en el plenario. Carnero señala "la necesidad de distinguir entre los profesionales que defienden intereses privados de las organizaciones como sindicatos y ONG que persiguen la defensa de intereses generales". Siim Kallas, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Administrativos, Auditoría y Antifraude, celebra que el informe del Parlamento haya recogido su iniciativa de un registro común de los lobbystas para todas las instituciones comunitarias. En su reciente intervención en la American European Community Association definió esta actividad como "una profesión honorable que no tiene nada que ocultar". Y manifestó su satisfacción por el hecho de que los diputados habían recogido sus propuestas sobre la definición de las actividades de los lobbies, el código de conducta, sanciones y revelación de los recursos financieros.
A diferencia del sistema más exhaustivo de Estados Unidos, Kallas considera que es suficiente el registro de las empresas y los intereses representados, sin que sea necesario incluir los nombres individuales. Un aspecto que había despertado notables expectativas, ya que el registro de nombres hubiera permitido determinar posibles conflictos de intereses. El comisario fue rotundo al señalar que para asegurar la independencia e imparcialidad de los funcionarios existen normas obligatorias mucho más claras. "He decidido", precisó, "paralizar la actual posibilidad de aceptar como personal de la Comisión a expertos de compañías privadas. Mi convicción es que cuando la Comisión precisa tales expertos, debe pagarlos". Una advertencia que muchos daban por supuesta. Kallas, que desde 2005 promueve la Iniciativa Europea por la Transparencia, aseguró que la propuesta de la Comisión de presentar un registro de representantes de intereses y código de conducta durante la primavera de 2008 se cumplirá. "Lo haremos antes de que la primavera se convierta en verano", indicó. Le queda un mes y medio.Sobre la obligación de revelación de los recursos financieros, el Comité de Control Presupuestario estima que las firmas legales y lobbies que actúan en las instituciones comunitarias deben declarar "la facturación vinculada a la actividad de lobby, así como el peso relativo de sus clientes y su volumen de negocio". Para las ONG y think tanks, el conjunto de su presupuesto y análisis de sus principales fuentes de financiación (subvenciones públicas, donaciones y cuotas de sus miembros).
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